Bruselas.- La Comisión Antimonopolio de la Unión Europea defendió su actuación en el caso Intel, que terminó con la imposición a la compañía estadounidense de una multa récord de 1.060 millones de euros por abuso de posición dominante y obstáculos a la competencia, y rechazó los errores de apreciación de los que le acusa la empresa.
El ejecutivo de la UE publicó numerosos documentos obtenidos durante la investigación, con los que trata rebatir las acusaciones de Intel de que la decisión que conllevó la sanción no estaba bien fundamentada y que además no respetó su derecho a la defensa.
La autoridad europea de competencia anunció en mayo la imposición a Intel de una multa de 1.060 millones de euros, por excluir durante años a sus competidores del mercado de microprocesadores. La Comisión -que comenzó a investigar tras recibir una denuncia de AMD, el único rival de Intel en ese mercado- concluyó que el fabricante estadounidense llegó a acuerdos con algunos de los principales productores mundiales de computadores -como Dell, Lenovo, Acer, HP y NEC- que incluían descuentos, a condición de que compraran de forma exclusiva o casi exclusiva a Intel.

Además, Intel efectuó pagos directos a compañías distribuidoras para que los computadores vendidos llevaran instalados sus microprocesadores. Intel también hizo pagos a algunos fabricantes de computadores para que retrasaran el lanzamiento comercial de aparatos equipados con procesadores AMD. La empresa señala en un recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE, que la resolución de la Comisión Europea no demuestra que los descuentos ofrecidos perjudicaran a sus rivales ni que provocaran aumento de las ventas de Intel.

También alega que se vulneró su derecho a la defensa, porque no se benefició de una segunda audiencia oral para rebatir los argumentos en su contra y tampoco se incluyeron en el expediente documentos que solicitó sobre AMD. Por lo tanto, Intel pidió que la decisión se anulara o que al menos se redujera la multa.

Para defenderse de las alegaciones de la empresa, el ejecutivo comunitario difundió una serie de documentos, entre ellos numerosos mensajes de correo electrónico, así como presentaciones y declaraciones de otras empresas que colaboraron en la investigación, que según Bruselas respaldan su planteamiento. También aseguró que fue incluso más allá de sus obligaciones legales para garantizar a Intel la posibilidad de defenderse.