Sudáfrica: Protección Judicial de los Derechos de Agua
SUDÁFRICA.- El Tribunal Superior de Sudáfrica confirmó recientemente una solicitud para eliminar presas aguas arriba y las tuberías que estaban desviando el curso de un río e impidiendo el flujo de agua a las explotaciones agrícolas río abajo. La decisión pone de relieve la importancia de utilizar el agua según lo estipula la Ley Nacional de Aguas (36/1998) con el fin de garantizar el uso sostenible del agua en beneficio de todos los usuarios. En la decisión también subraya los riesgos del uso del agua en incumplimiento de la ley.
Sudáfrica es un país con escasez de agua y que enfrenta demandas considerables. La Ley Nacional de Aguas ha sido objeto de una amplia reforma en los últimos 15 años, cambiando de un sistema de “derechos ribereños” (es decir, la asignación de agua a los propietarios de un terreno aledaño) a un sistema que pretende garantizar el acceso equitativo al agua para todos. Como tal, el gobierno tiene la responsabilidad y autoridad sobre el agua, la gestión de recursos, incluida la asignación equitativa y el uso beneficioso del agua para el interés público.
El artículo 21 de la Ley Nacional de Aguas identifica una lista de los usos del agua para los que se creó la ley. Una parte no tiene derecho a utilizar el agua a menos que esté autorizado para ello por una licencia expedida en virtud de la ley. Hay tres excepciones a esta regla, que se refieren al uso del agua: permisible en virtud de la Lista 1 (que contiene los usos del agua que es probable que tengan un impacto significativo sobre los recursos hídricos y como resultado están exentos del requisito de concesión de licencias); una continuación de un derecho de agua legal existente, que tuvo lugar en los dos años previos a la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales el 1 de octubre de 1998, en virtud del cual un usuario está autorizado a seguir utilizando como hasta el momento en que se requiere para ser licenciado bajo los términos de la Ley (en todo caso), y admisible en términos de una autorización general – lo que permite a la autoridad responsable de autorizar el uso general del agua con respecto a un recurso específico de agua para un área geográfica específica.
La decisión del Tribunal ratifica que una parte a la que se le ha asignado derechos de uso de aguas debe, entre otras cosas, utilizar el recurso de acuerdo a las condiciones de la autorización pertinente para que el uso y devolver cualquier infiltración, escurrimiento o agua con residuos a la fuente original de agua, a menos que las autoridades hayan instruido lo contrario.
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