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Nuevo marco regulador para transferencia de autopistas concesionadas satisface al Ejecutivo Comunitario

La Comisión Europea valoró la nueva norma que tiene previsto adoptar Italia sobre las transferencias de concesiones de autopistas, porque a su juicio resuelve los obstáculos que el Gobierno de Roma impuso a la a la fusión de las concesionarias Abertis con Autostrade (rebautizada como Atlantia).

El Ejecutivo comunitario dictaminó el pasado 31 de enero que las autoridades italianas habían vulnerado la legislación europea al bloquear la transferencia de las concesiones de autopistas a la entidad resultante de la fusión entre Abertis y Autostrade, lo que obligó a ambas empresas a abandonar temporalmente la operación a finales del año pasado.

Tras varias conversaciones entre Roma y Bruselas, las autoridades italianas han presentado un proyecto de normativa que, a juicio del Ejecutivo, “aclara el marco regulador de la autorización de la transferencia de concesiones de autopistas en Italia”. Por ello, el colegio de comisarios dio poderes a la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, para que cierre el expediente una vez que la denominada direttiva y las reglas de desarrollo hayan entrado en vigor.

El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, explicó que no hay ningún plazo para la entrada en vigor de la nueva norma pero añadió que “interesa a las autoridades italianas que esta cuestión se clarifique lo antes posible”.

“Seguiré supervisando la situación para garantizar que, en las futuras fusiones transfronterizas que se produzcan en el sector, las empresas reciban un trato equitativo y ajustado a las normas comunitarias”, añadió Kroes en un comunicado.

Según la nueva norma italiana, el interés público en la base de la normativa que rige las concesiones de autopistas es la gestión sólida de la red de autopistas.

La direttiva supedita la transferencia a dos requisitos excluyentes: primero, el nuevo concesionario debe asumir todas las obligaciones del concesionario previo, incluidas las correspondientes a la realización de inversiones ya previstas en planes financieros anteriores pero no efectuadas; en segundo lugar, el nuevo concesionario debe ser capaz, en lo que respecta a recursos financieros y técnicos, de dar cumplimiento a esas obligaciones.

Todas las garantías exigidas al nuevo concesionario deben ser proporcionadas y estar limitadas a lo que es necesario para evitar el incumplimiento de inversiones acordadas. Además, la nueva norma aclara que el procedimiento de autorización se concluirá en un plazo de 90 días con una decisión positiva o negativa. La autorización se considerará concedida si las autoridades no emiten una decisión explícita en ese plazo. Antes de su entrada en vigor, cualquier decisión negativa o sujeta a condiciones deberá notificarse a la Comisión.

La Comisión acoge con satisfacción el hecho de que el procedimiento de autorización de la transferencia de concesiones de autopistas “se referirá únicamente a los cambios que conlleve la propia fusión, y que el régimen correspondiente se incluirá en un acto administrativo público, cuya aplicación podrá ser objeto de control judicial”.

El Ejecutivo comunitario continuará supervisando las medidas específicas adoptadas en aplicación de la nueva norma en relación con las futuras fusiones de dimensión comunitaria para garantizar que se ajusten la normativa comunitaria.

El expediente de Kroes no es el único al que se enfrenta Italia por los obstáculos a la fusión entre Abertis y Autostrade. El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, también lanzó en noviembre de 2006 un procedimiento de infracción contra Roma por considerar que la norma que regula las concesiones de autopistas vulnera los principios de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento.

El portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes, subrayó que el expediente de McCreevy “se mantiene abierto” porque “quedan muchas preguntas sin contestar”, aunque de momento el comisario de Mercado Interior no tiene previsto tomar nuevas medidas hasta otoño.