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Continúan demoras para la concesión del tercer canal privado en Colombia

Bogotá.- La concesión del tercer canal privado en Colombia sigue enredada. Según el presidente de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) de ese país, Juan Andrés Carreño, antes de la segunda semana de julio se conocerá el elegido. Sin embargo, el tema ya se ha extendido por casi tres años, porque el asunto ha sido objeto de investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.
El nuevo traspié en el accidentado camino hacia el tercer canal de televisión privado fue la decisión de una jueza administrativa de poner en manos de la Contraloría y la Procuraduría la evaluación sobre los últimos pasos dados por los comisionados de televisión, en respuesta a una acción popular por presunta vulneración de la moralidad administrativa y detrimento del patrimonio público por parte de la CNTV.
Se solicitó a la Contraloría emprender una investigación formal por el detrimento del erario en los gastos y pagos que se han realizado con motivo de la licitación del tercer canal y la prórroga a la concesión de los canales RCN y Caracol, con la posibilidad de emprender acciones de repetición e incluso penales si es necesario. Además, se le pidió a la Procuraduría que examine la conducta que han asumido los comisionados de televisión respecto a la contratación de los estudios de evaluación.
En días pasados surgió una iniciativa según la cual se buscaba que a los actuales miembros de la Junta Directiva de la CNTV se les prorrogara su período o, incluso, de conformidad con un proyecto de ley en marcha, pudieran ser amparados por la ampliación de su gestión a cuatro años. Sin embargo, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Daniel Enrique Medina, lo negó de plano.
En parte la discusión tiene que ver con un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, a través del cual se busca incluir importantes modificaciones a la estructura de la CNTV, regulando de paso la gestión de los operadores públicos de televisión. La idea de esa iniciativa apunta a que se definan aspectos como la financiación de la televisión pública nacional y regional y, principalmente, que se eleven los requisitos para ser comisionado de televisión, a fin de que se les exija mayor experiencia en el sector y capacitación.
El proyecto de ley, que promete un pulso aparte en el tema de la televisión, incluye una disposición que desde ya genera polémica y que, de alguna manera, va en contravía de lo que está pasando con el tercer canal. La norma sostiene que con el fin de maximizar los ingresos del Estado y garantizar transparencia, toda adjudicación de concesiones de televisión se hará por subasta pública con un precio base y siempre al alza. Además, no podrá haber adjudicación cuando sólo exista un proponente.
Esos son precisamente unos de los puntos que, de alguna manera, retardaron la concesión del tercer canal de televisión. En un momento dado se tuvo claro que la subasta iba a ser el aspecto determinante. Después se incluyó la subjetividad de los contenidos. En los prepliegos actuales vuelve a ser el mejor postor económico quien tiene la primera opción. Asimismo, desde principios de este año, el proceso cuenta con un solo candidato oficial: el Grupo Planeta. No obstante, los grupos Prisa y Cisneros están a la espera de ciertas reglas de juego para volver a la lid.
De esta manera, si en enero pasado —cuando intervino la Procuraduría General de la Nación para pedir la suspensión del proceso de entrega del tercer canal privado de televisión— el asunto estaba enredado, hoy, cuatro meses después, la situación es aún más compleja. Los organismos de control están encima y varios comisionados ya responden cargos, dos de los comisionados están pasados de tiempo, avanza un proyecto de ley para modificar la CNTV, la coyuntura electoral está al rojo vivo y, aún así, el Gobierno quiere adjudicar en julio.
Quiénes tomarán la decisión y el caso en Fiscalía. Si se cumple el cronograma previsto por la CNTV, el canal se otorgará en julio. Para ese entonces sólo estarán en el seno de la entidad los comisionados Any Vásquez y Eduardo Osorio, quienes fueron nombrados directamente por el presidente Álvaro Uribe en agosto de 2009 y febrero de 2010, respectivamente. También tendrá voto en la adjudicación la comisionada Zulma Casas, elegida en marzo de 2009 en representación de las asociaciones profesionales y sindicales del sector.

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